17/10/2017
Compartimos y acompañamos el posicionamiento analítico de CTERA acerca de los operativos que, por estos días, se impulsan desde el Ministerio de Educación y que están destinados a "evaluar" a lxs estudiantes del Sistema Educativo argentino.
Destacamos algunos puntos nodales del documento presentado por la Confederación:
"La primera cuestión que la CTERA quiere dejar en claro en este sentido es que la docencia no rechaza ni se opone a "la evaluación" porque, de hecho, ésta forma parte de nuestro trabajo cotidiano en las aulas. Todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje requieren de las evaluaciones para contar con la información y el conocimiento necesarios que permitan mejorar, día a día, nuestras prácticas educativas. A lo que nos oponemos desde la docencia y desde las organizaciones sindicales es a los "mecanismos de pruebas estandarizadas" que están siendo impulsados por esta gestión a través de los llamados "operativos" de evaluación.
El operativo de evaluación denominado "aprender", que estuvo dirigido a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, comenzó a implementarse en el 2016. Y este año se reitera el mismo operativo de manera mecánica, sin haberse realizado un análisis en profundidad de los resultados anteriores del mismo operativo, ni de los operativos de años anteriores (ONE), con los cuales se pretendían establecer ciertas comparaciones (según lo habían manifestado las actuales autoridades). Tampoco se realizaron análisis críticos ni consideraciones sobre la validez de la estructura metodológica implementada, ni sobre las resistencias que estos operativos han tenido por parte de lxs estudiantes y lxs Docentes a lo largo y ancho de todos el país.
En el fondo y en la forma se trata lisa y llanamente de esto: pruebas estandarizadas que operan como control y mecanismo para la construcción de datos sobre resultados que, por un lado, "permiten" elaborar rankings de Escuelas, ciudades, países; y, por otro, dejan abierta la posibilidad para encadenar las condiciones del trabajo docente (dentro de ellas el salario) a los niveles de desempeño/rendimiento, la meritocracia y el credencialismo. O sea, estigmatización de lxs estudiantes y de las Escuelas y precarización y flexibilización laboral de la docencia; en definitiva, deslegitimación de la Educación Pública para abrir las compuertas a la iniciativa empresarial meritocrática, estandarizante, mercantilista y privatizadora.
Toda la crítica que realiza CTERA sobre los operativos de evaluación no se circunscribe a un determinado instrumento técnico. Se realiza en un escenario en el que estos instrumentos técnicos que hemos analizado se convierten en la expresión de un proyecto que, claramente, necesita reformar el sistema educativo en correspondencia con la actual proliferación de políticas de ajuste combinadas con medidas económicas de devaluación, desocupación, precarización laboral, inflación e incremento del endeudamiento externo".
Para leer el documento completo, accedé a: http://www.ctera.org.ar/index.php/educacion/item/2856-los-operativos-de-evaluacion-aprender-ensenar
Operativo aprender y enseñar- pdf
En esta oportunidad, nuestra organización vuelve a presentar las críticas sobre las definiciones del presupuesto educativo, tal como lo hiciéramos el año anterior, cuando también se había realizado un ajuste en educación. Ajuste que no sólo se traduce en la reducción nominal del presupuesto propiamente dicho, sino también en el proceso de desfinanciamiento, desmantelamiento y subejecución que el gobierno actual viene sosteniendo y profundizando desde su asunción en el año 2015.
Los datos observados en nuestro estudio dan muestra fehaciente de una rebaja considerable en la ejecución de Presupuesto Educativo en 2017, como así también se observa el incumplimiento de la mayoría de las metas fijadas por este mismo gobierno.
El proyecto de presupuesto para el año entrante continúa la política de ajuste que viene sosteniendo el Ministerio de Educación de la Nación, afectando principalmente a los programas socioeducativos, a la formación docente, al plan conectar igualdad, la inversión edilicia para la construcción de jardines de infantes, entre otros. Un ajuste que ataca la educación de calidad que pregonan los funcionarios.
Por citar los datos más reveladores, tenemos, en primer lugar, que el pago de los servicios de la deuda externa se ha duplicado a partir del 2016, pasando de un 7,7% del gasto total en 2015 al 14,5% en 2016 y a un 11,1% sólo en el primer semestre del 2017. Asimismo, los Programas Socioeducativos se ven afectados en tanto se anuncia una reducción del 8% para las partidas que financian el Programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, lo que implica un ajuste real de – 23,5 %.
Para el año 2018 se elimina el Programa de Biblioteca del Maestro. En Formación Docente sólo se prevé un incremento del 3%, lo que implica una pérdida real de 14,1 %. Y queda claramente expresado que el ex Programa Conectar Igualdad (Ahora denominado Plan Nacional de Educación Digital) se reduce un 43% del presupuesto, lo que significa una pérdida real de – 52,5 %.
En el caso emblemático de la construcción de Jardines de Infantes, tan anunciada en campaña electoral y en plena gestión de este Gobierno, presenta un dato preocupante ya que se propone un incremento del 8,4%, es decir una pérdida real entre un año y otro del –9,8 %. Respecto de la ejecución hasta el día de la fecha se observa que de los 150 jardines de infantes prometidos para 2016 y los 450 para el 2017, no se han construido ninguno.
Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que en el presente presupuesto se excluye del articulado del Proyecto de Ley del artículo que establecía que el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente no pueden tener un Presupuesto inferior al del año anterior. Este artículo venía incluyéndose en todos las Leyes de Presupuestos de los últimos años y su exclusión resulta indicativa de la intención del Poder Ejecutivo de avanzar sobre estos fondos que comprometen el aporte nacional a los salarios docentes.
A esta reducción para los presupuestos anunciados para el 2018, hay que agregarle que también hay una subejecución observada en el primer semestre del 2017 y que se manifiesta en: menos beneficios para el Programa Progresar; virtual paralización de los Planes de Distribución de Libros de Texto, Lectura y Manuales, Colecciones literarias y Plan Nacional de Lectura; cierre de los Programas de Alfabetización de Adultos; menos subsidios a las escuelas en situación de vulnerabilidad; ostensible disminución en la cantidad de metros cuadrados de mejoramiento de la infraestructura escolar, y en la cantidad de escuelas construidas;reducción en cantidad de becas para estudiantes de formación docente, de grado y de posgrado, para carreras universitarias prioritarias y para alumnos universitarios de bajos recursos; desfinanciamiento de la Educación Técnica.
Desde CTERA denunciamos que todos estos procedimientos financieros y presupuestarios ponen en peligro el cumplimiento de la meta del 6 % del PBI destinado para educación que establecieron las leyes de Financiamiento Educativo (26.075) y de Educación Nacional –(Ley 26.206).
Buenos Aires, lunes 20 de octubre de 2017
Miguel Duhalde Sonia Alesso
Secretario de Educación Secretaria General
Los datos observados en nuestro estudio dan muestra fehaciente de una rebaja considerable en la ejecución de Presupuesto Educativo en 2017, como así también se observa el incumplimiento de la mayoría de las metas fijadas por este mismo gobierno.
El proyecto de presupuesto para el año entrante continúa la política de ajuste que viene sosteniendo el Ministerio de Educación de la Nación, afectando principalmente a los programas socioeducativos, a la formación docente, al plan conectar igualdad, la inversión edilicia para la construcción de jardines de infantes, entre otros. Un ajuste que ataca la educación de calidad que pregonan los funcionarios.
Por citar los datos más reveladores, tenemos, en primer lugar, que el pago de los servicios de la deuda externa se ha duplicado a partir del 2016, pasando de un 7,7% del gasto total en 2015 al 14,5% en 2016 y a un 11,1% sólo en el primer semestre del 2017. Asimismo, los Programas Socioeducativos se ven afectados en tanto se anuncia una reducción del 8% para las partidas que financian el Programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, lo que implica un ajuste real de – 23,5 %.
Para el año 2018 se elimina el Programa de Biblioteca del Maestro. En Formación Docente sólo se prevé un incremento del 3%, lo que implica una pérdida real de 14,1 %. Y queda claramente expresado que el ex Programa Conectar Igualdad (Ahora denominado Plan Nacional de Educación Digital) se reduce un 43% del presupuesto, lo que significa una pérdida real de – 52,5 %.
En el caso emblemático de la construcción de Jardines de Infantes, tan anunciada en campaña electoral y en plena gestión de este Gobierno, presenta un dato preocupante ya que se propone un incremento del 8,4%, es decir una pérdida real entre un año y otro del –9,8 %. Respecto de la ejecución hasta el día de la fecha se observa que de los 150 jardines de infantes prometidos para 2016 y los 450 para el 2017, no se han construido ninguno.
Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que en el presente presupuesto se excluye del articulado del Proyecto de Ley del artículo que establecía que el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente no pueden tener un Presupuesto inferior al del año anterior. Este artículo venía incluyéndose en todos las Leyes de Presupuestos de los últimos años y su exclusión resulta indicativa de la intención del Poder Ejecutivo de avanzar sobre estos fondos que comprometen el aporte nacional a los salarios docentes.
A esta reducción para los presupuestos anunciados para el 2018, hay que agregarle que también hay una subejecución observada en el primer semestre del 2017 y que se manifiesta en: menos beneficios para el Programa Progresar; virtual paralización de los Planes de Distribución de Libros de Texto, Lectura y Manuales, Colecciones literarias y Plan Nacional de Lectura; cierre de los Programas de Alfabetización de Adultos; menos subsidios a las escuelas en situación de vulnerabilidad; ostensible disminución en la cantidad de metros cuadrados de mejoramiento de la infraestructura escolar, y en la cantidad de escuelas construidas;reducción en cantidad de becas para estudiantes de formación docente, de grado y de posgrado, para carreras universitarias prioritarias y para alumnos universitarios de bajos recursos; desfinanciamiento de la Educación Técnica.
Desde CTERA denunciamos que todos estos procedimientos financieros y presupuestarios ponen en peligro el cumplimiento de la meta del 6 % del PBI destinado para educación que establecieron las leyes de Financiamiento Educativo (26.075) y de Educación Nacional –(Ley 26.206).
Buenos Aires, lunes 20 de octubre de 2017
Miguel Duhalde Sonia Alesso
Secretario de Educación Secretaria General
Adjuntamos Síntesis e Informe Completo para descargar en PDF.